La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) es una sociedad privada española reconocida legalmente como de gestión colectiva, dedicada a la gestión de los derechos de autor de sus socios, entre los que se cuentan toda clase de artistas y empresarios del negocio de la cultura. Es una organización que gestiona el cobro y la distribución de los derechos de autor de los autores y a la vez vela por los intereses de los editores. El actual presidente es José Luis Borau, en el cargo desde el 17 de julio de 2007. El presidente del Consejo de Dirección es Teddy Bautista.
La SGAE tiene más de 100 años de historia. Su sede se encuentra en el Palacio Longoria, en Madrid, aunque tiene previsto trasladarse al Palacio del Infante Don Luis de Boadilla del Monte.
Poco conocida tradicionalmente más allá del sector en el que ejerce sus funciones, ha alcanzado una amplia notoriedad estos últimos años, a raíz del conflicto que le ha enfrentado a la industria electrónica por la aplicación a los nuevos soportes digitales del llamado "canon compensatorio por copia privada", introducido hace más de 20 años. Los fabricantes sugirieron en su día la introducción de una tasa genérica que compensara a los autores por las copias que realizaran los usuarios con las nuevas grabadoras de cassettes y vídeo que se proponían introducir al mercado, pero al solicitar la sociedades de gestión su ampliación a los nuevos formatos, se opusieron a ello, financiando campañas publicitarias y la creación de asociaciones y elementos propagandísticos, como la famosa plataforma Todos contra el canon, que han hecho mella en la imagen pública de la entidad, que se ha ganado el rechazo de un amplio sector de la sociedad por el cobro del llamado canon digital, cuya recaudación se reparte entre los asociados.
Orígenes
A finales del siglo XIX, en España, el negocio musical estaba formado por tres grupos: los teatros y salas en los que se interpretaban las obras, los autores de las mismas y los intermediarios entre ambos, entre los que destacaba Florencio Fiscowich. Los intermediarios abusaban frecuentemente de su posición dominante mediante contratos de exclusividad con las salas y ataban a los autores con adelantos a cuenta de obras futuras. Frente a esta situación, los escritores Sinesio Delgado, Carlos Arniches, los hermanos Álvarez Quintero, el libretista Federico Romero Saráchaga y los compositores Ruperto Chapí y Rafael Calleja Gómez, entre otros, crearon el 16 de junio de 1899 la Sociedad de Autores.
En 1941 se funda la SGAE (Sociedad General de Autores de España) que pasa a gestionar en exclusiva todos los derechos de autor sobre artes escénicas. En 1995 se refunda la SGAE como Sociedad General de Autores y Editores. De esta manera se da acogida, dentro de la sociedad, a los editores.
Actualmente, la sociedad representa a mas de 94.000 socios y gestiona un repertorio de mas de tres millones de obras registradas. Para ser socio de la entidad hay que tener obra explotada públicamente en cualquier medio. Entre sus socios hay músicos, compositores, autores dramáticos, letristas, arreglistas, guionistas de cine, televisión y radio, autores de bandas sonoras, directores cinematográficos, realizadores audiovisuales, etc. Además, la sociedad tiene acuerdos de reciprocidad con otras entidades similares establecidas en el resto del mundo, por los cuales estas explotan el repertorio de la SGAE en sus territorios a cambio de que la sociedad gestione los suyos en España.
Funciones
Entre sus funciones están la de emitir licencias del repertorio de los autores agrupados en la SGAE para su explotación en cualquier tipo de negocio: grabación en discos, en soporte videográfico o multimedia (CD-ROM), su uso en redes digitales tipo Internet o telefonía móvil y su posterior comercialización, la comunicación publica de dichos contenidos por emisoras de radio, cadenas de televisión, operadores de cable, la explotación en teatros, salas de fiesta, locales de exhibición cinematográfica, negocios de hostelería o de cualquier otro tipo abiertos al público, etc.
La sociedad controla estos mercados para defender los derechos de sus socios, asegurándose de que la explotación del repertorio SGAE esté licenciada y sean abonados los derechos de autor correspondientes, gestiona las solicitudes de autorización para la sincronización de las obras musicales preexistentes en producciones audiovisuales, gestiona la denominada «remuneración equitativa» por alquiler de vídeos, vigila el cumplimiento de los acuerdos suscritos con las distribuidoras de soportes de grabaciones audiovisuales, con las emisoras etc. Su departamento jurídico asesora a los socios y defiende sus derechos, denunciando la actividad de alquiler de soportes discográficos que considere ilícita, preparando la documentación correspondiente para las demandas por vía judicial, así como investigando las actividades consideradas ilegales relacionadas con los intereses de los autores, en especial de la utilización fuera de la ley del repertorio SGAE (lo que la entidad define como «antipiratería»).
La SGAE es uno de los principales grupos en contra la «piratería musical» en España, especialmente en contra del top manta. La SGAE se posiciona también en contra de las descargas mediante redes P2P. Así mismo, reclama una bajada de los impuestos que gravan los discos, del 16% al 4% de IVA.
Patrimonio y red societaria
Desde finales de la década de 1980 la SGAE empezó a obtener ingresos a través del llamado canon compensatorio por cintas de audio y vídeo, por equipos de música y televisores en locales públicos; la digitalización de los soportes musicales y audiovisuales llevó consigo la extensión del canon a los nuevos formatos (CD/DVD, memorias portátiles, etc.) Ambos fenómenos paralelos son los que han provocado en los últimos años un incremento de los ingresos de la SGAE.
En 2007, y analizando la Memoria pública de la Sociedad, la SGAE obtuvo un pequeño beneficio gracias a sus altos ingresos financieros por la abundante liquidez de la que disfruta regularmente. En cambio, tuvo perdidas de explotación como diferencia entre los ingresos obtenidos y sus gastos corrientes.
En 2008 en cambio, la SGAE declaró pérdidas en sus cuentas de resultados a pesar de mantener una muy cómoda situación de liquidez. También en el ejercicio 2008 empiezan a aparecer en su balance inversiones inmobiliarias múltiples. El complejo entramado de sociedades y Fundaciones no consolidadas en el grupo, complica el poder tener una visión clara de su situación económica.
Así la Fundación Autor (grupo SGAE) en 3 años multiplicó por 110 sus activos, 0,5 millones de euros en 2003 y cerrando el 2006 con 55,6 millones de euros.
En 2005 la sociedad de gestión de derechos, contando con unos ingresos anuales de 300 millones, transfiere 16 millones restantes a la Fundación Autor. Según el diario El Economista tendría comprometido 320 millones de euros para reconstrucciones y algunas compras en propiedad.
La SGAE es propietaria al cien por cien de SDAE, antes una división de SGAE y hoy una sociedad limitada que debe el 99 por ciento de su facturación a la SGAE (según las propias cuentas anuales de SDAE presentadas ante el registro mercantil), lo cual llega a proporcionar resultados de +7 millones de euros (como ejemplo de la actividad entre 2000 y 2005)
La empresa SDAE es propietaria de Portalatino, una página de venta de música; que es a su vez propietario de los derechos de explotación de La Central Digital, la plataforma de software para venta de contenidos en línea; que es a su vez quien da servicio a las webs de música especializada Latinergy, Museekflazz y Egrem.
Críticas y polémicas
P2P y piratería
La SGAE ha sido acusada por sus críticos de promover y financiar campañas de publicidad que asocian con el delito el intercambio de archivos por medio de programas P2P y la copia sin ánimo de lucro de obras originales. La sociedad ha replicado que no hace más que aquello para lo que fue creada: defender los derechos de sus socios, reclamando la aplicación de la ley, que define el P2P como una explotación del repertorio de los autores en la modalidad de comunicación pública, para la cual es imprescindible la preceptiva licencia.
En junio de 2004, en colaboración con Vale Music, la SGAE puso a la venta un disco compuesto por 14 canciones de grupos noveles llamado No a la Piratería. Se creó una gran polémica alrededor de este disco debido a que en su contraportada había un mensaje en contra de la piratería y el top manta, el cual varias organizaciones consideraron que poseía un claro carácter xenófobo. Debido a presiones y denuncias de varias ONG (como SOS Racismo) y asociaciones de consumidores (como FACUA, la Federación de Consumidores en Acción), la SGAE intentó retirar el disco del mercado y desvincularse del mismo, mientras que Vale Music reconoció que los contenidos que aparecían en la contraportada eran «poco adecuados».
Canon por copia privada
La función más polémica de la SGAE es el cobro de un canon por la copia «para uso privado del copista» de una obra musical o audiovisual ya divulgada, también extendido a todos los soportes utilizados para almacenar datos personales, cuya recaudación se reparte entre los asociados. Este canon ha sido contestado por atentar presuntamente contra la presunción de inocencia dando lugar a distintas campañas, sobre todo en Internet y también diversas protestas en la calle, incluso el asalto de su sede en Madrid.
A causa de este mismo canon, la SGAE es que ha sido objeto de dos Google bombs, con la palabra «Ladrones» y con la expresión «Siempre Ganamos Algunos Euros», por lo que si buscamos «ladrones» en el google, nos aparece la SGAE en uno de los primeros resultados. Teddy Bautista ha acusado de «fascismo» a Google por este hecho. Lo mismo ocurre para ciertas búsquedas en otros buscadores.
Reparto de recaudación
Sus detractores consideran que puesto que la SGAE gestiona todos los derechos de autor y los reparte según sus propios criterios, esto redunda en perjuicio de los autores no pertenecientes a la SGAE, y también sus socios de bajo rango. Se ha denunciado que en algunos casos la SGAE ha reclamado una parte de los ingresos en concepto de «derechos de autor» en casos en que esos espectáculos no los vulneran ni esos derechos sean propiedad de los afiliados a la SGAE.
Los criterios de reparto están recogidos en los estatutos de la sociedad y este es verificado regularmente por auditores externos.
Acciones jurídicas en defensa de su honor
La SGAE ha demandado a varias sitios webs en defensa de su honor, lo que ha provocado campañas de internautas en contra de la entidad. La Asociación de Internautas fue condenada a pagar una indemnización de 36.000 euros por alojar el sitio putasgae; el responsable de Frikipedia fue también denunciado en 2006 por insultos en una definición satírica que el sitio tenía sobre la SGAE. Según uno de los responsables de la SGAE, Pedro Farré, esta iniciativa no fue un hecho aislado sino que se denunciaría toda web que albergue contenido difamatorio contra la organización, haya sido incluido o no por el responsable de la página o portal en cuestión.
Recaudación en conciertos benéficos
La SGAE ha sido criticada en diversas ocasiones por recaudar en conciertos benéficos.
En enero de 2006, la organización decidió devolver los 518 euros que había hecho pagar, tras una denuncia, a la compañía de teatro Taller Cultural de Fuentepelayo (Segovia), una organización sin ánimo de lucro que se encuentra formada en su mayor parte por niños discapacitados. Aunque desde la SGAE se aseguró que el proceso fue fruto de un «error», algunos creen que la marcha atrás fue debida a la campaña de denuncia que se levantó en los meses previos en diversos blogs y portales de internet.
En abril del 2009, la SGAE amenazó con impedir un concierto benéfico de David Bisbal, cuya recaudación en principio iba a dirirgirse integramente al tratamiento de un niño de 5 años aquejado del Síndrome de Alexander, si no se le entregaba el 10% de la recaudación. Finalmente, la organización pagó 5.000€ a la SGAE, pero tras aparecer la noticia en diversos medios, y ante la respuesta negativa de la opinión pública, el organismo de gestión devolvió el dinero recaudado en forma de donación.
La SGAE se defendió señalando que no todos los proveedores de los actos benéficos renuncian a cobrar y ha declarado en varias ocasiones que no está capacitada para decidir por sus socios si están o no dispuestos a renunciar a percibir los correspondientes derechos de autor, por ejemplo, en un concierto solidario. La Ley de Propiedad Intelectual le obliga a extender la correspondiente licencia de explotación a todos los eventos en los que se utilice el repertorio de sus socios, excepto los de Estado y los de carácter religioso. Para que un evento solidario o benéfico consiga una licencia gratuita debe poner en conocimiento de la sociedad con antelación el repertorio que planea utilizar, para que esta obtenga de sus socios la renuncia expresa a percibir la compensación prevista en la ley.
Recaudación por obras propiedad de la humanidad
La prensa se hizo eco en el verano de 2009 de unas incendiarias declaraciones de políticos locales de Zalamea de la Serena (Badajoz) y Fuente Obejuna (Córdoba) según las cuales, la sociedad reclamaría 24.000 y 30.000 euros respectivamente a cada uno de esos ayuntamientos por las representaciones populares de obras clásicas del teatro español. La primera representación utilizó la adaptación de Francisco Brines, la segunda la de un autor que no es socio de la SGAE.
Las obras dramáticas pasan a dominio público setenta años después de la muerte del autor. Sin embargo, ocurre frecuentemente, como en este caso, que al estar escritas en un castellano ininteligible para el publico actual y tener formatos prácticamente irrepresentables, es necesario recurrir al trabajo de un adaptador, cuya obra está protegida por la ley.
Otras polémicas
El 8 de febrero del mismo año, la Unión Europea abrió un expediente a la SGAE para estudiar si su posición en el mercado puede vulnerar leyes anti-monopolio en la venta de licencias para descargar música en internet.
El 13 de marzo, el titular del juzgado de lo Mercantil número uno de Alicante autorizó a la SGAE a cobrar por la música de los banquetes de boda. El magistrado consideró que las bodas no representan un acto estrictamente privado. La autorización es aplicable a los bautizos y comuniones. El dueño de un local demandado insistió en que en las bodas sólo se reproducen de forma ocasional algunas obras musicales, que la SGAE no tiene los derechos sobre todas las piezas porque también ponen música clásica que está exenta. No obstante, el magistrado consideró que no se puede exigir a la SGAE que acredite que en todas las celebraciones se reproduce música para autorizarle a cobrar el canon siempre.
Ya en diciembre, la SGAE demandó a otro salón de bodas en Sevilla, basándose en un vídeo de cuatro minutos grabado sin autorización de los novios y en un informe de otros detectives que no estaban inscritos en el registro como tales, por lo que fue sancionada por la Agencia Española de Protección de Datos.
